Ciudad de Mexico; 29/05/2009-Organismos civiles de México exigieron hoy al Gobierno dar reconocimiento legal y fortalecer a las más de 200 radios comunitarias del país, así como acatar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para legislar en la materia.
"Alrededor de dos centenares de emisoras comunitarias exigen que el Estado mexicano les reconozca su derecho a comunicar", dijo a Efe el representante en el país de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), Carlos Aparicio Gómez.
"Las autoridades, en lugar de invertir una gran cantidad de recursos públicos para reprimir a las comunidades más vulnerables del país, deberían de invertirlos en la solución de fondo a este problema para garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión", consideró el activista.
La Ley de Radio y Televisión, que fue modificada el año pasado, no contempla la figura de la radio comunitaria, pese a que en 2007 la Suprema Corte de México recomendó al Congreso subsanar las omisiones en esa norma.
Según Aparicio Gómez, desde el año pasado las organizaciones entregaron en la Secretaría de Gobernación cinco solicitudes para operar diversas radios comunitarias, de las cuales no han tenido respuesta hasta ahora.
Entre ellas mencionó a Radio Xalli, del municipio Xaltepec, en el estado central de Puebla, a Radio Evolución, en Otumba, y Radio Haro, en Ciudad de Nezahualcóyotl, ambas en el Estado de México.
"A lo largo de estos años las radios comunitarias han demostrado su vocación de legalidad; sin embargo, el actual marco normativo, así como los requisitos que se les piden a las comunidades para poder acceder a frecuencias, son excesivos e inequitativos", dijo el dirigente de la Red Nacional "Todos los Derechos para Todos y Todas" Edgar Cortés.
Cortés y el representante de Amarc-México insistieron en que las autoridades no han mostrado interés en solucionar este problema y solo argumentan que no tienen capacidad de respuesta ante tantas peticiones de permisos.
Ambos activistas, en representación de otros organismos civiles como Article 19 y la Asociación Mexicana de Derechos Informativos (Amedi), exigieron al Gobierno que aclare la situación jurídica de los medios comunitarios.
Sobre todo, pidieron establecer un plan de regularización para que estas emisoras operen dentro de la ley y en apego a sus derechos.
(adn.es)
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