GOBIERNO PERUANO QUITA LICENCIA A "RADIO LA VOZ"

Lima, Peru; 13/06/2009-
El Gobierno de Perú canceló hoy la licencia de funcionamiento de radio La Voz, de la provincia selvática de Utcubamba, que fue acusada por políticos oficialistas de haber promovido la violencia en la Amazonía peruana.
La emisora Radioprogramas del Perú (RPP) informó que la medida fue tomada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en cumplimiento de una resolución emitida el pasado 8 de junio.
Esa resolución se dio días después de los violentos enfrentamientos entre indígenas selváticos y policías, que causaron la muerte de al menos 24 agentes y 9 civiles, acotó RPP.
El periodista Carlos Flores, representante de la emisora, declaró que la cancelación de la licencia se concretó la mañana de hoy.
Según sus declaraciones, la emisora recibió hoy una carta que ordenaba el cierre con el argumento de "no haber enviado documentación a tiempo respecto a la homologación de equipos de la radio".
Flores dijo que el Gobierno busca "callar" a la radio que informó los detalles de los sucesos en la localidad de Bagua, donde se produjeron los violentos enfrentamientos.
Representantes del gobernante Partido Aprista Peruano (PAP), entre ellos la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, acusaron a radio La Voz y a Flores de apoyar y motivar la violencia en Bagua.
Las comunidades selváticas exigen al Gobierno la derogatoria definitiva de una serie de decretos conocidos como las "leyes de la selva" y que consideran dañinos a sus intereses.
Dos de estos decretos, el 1090 y el 1064, fueron suspendidos indefinidamente el miércoles por el Congreso, mientras se estudian las modificaciones a la nueva legislación, y para evitar un vacío legal se repuso la anterior ley forestal.
Según el Gobierno, el primero de ellos busca regular y supervisar el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, mientras que el segundo promueve la inversión privada en el sector agrario.
El decreto 1064 establece, además, que las tierras de uso agrario quedan sujetas a la servidumbre del paso de oleoductos, gasoductos e instalaciones para la exploración y explotación minera y petrolera.
No obstante, los pueblos indígenas de la Amazonía y varias organizaciones no gubernamentales sostienen que la norma fue aprobada sin el consentimiento indígena, en contra de lo estipulado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

(adn.es/rpp)