Caracas, Venezuela;La izquierda dura de América del Sur se encuentra abocada a una lucha contra la prensa independiente y crítica, a la que ve como parte activa de la oposición.
El eje bolivariano de la región, compuesto por Venezuela, Ecuador y Bolivia, avanza en medidas concretas que coartan la libertad de expresión. El gobierno argentino también se ha sumado a esta cruzada que intenta combatir a los medios de comunicación que no le rinden pleitesía.
Chávez retira licencias a 63 emisoras
A la cabeza de esta movida aparece el presidente venezolano Hugo Chávez, quien desde el golpe de Estado de abril de 2002, que lo sacó del poder por 48 horas, reforzó su ofensiva antimediática. Como primera gran sacudida al sector, Chávez no le renovó la concesión al canal de cobertura nacional RCTV en 2007, al que calificó de “golpista”. El pasado agosto dio otra vuelta de tuerca al quitar del aire a 34 emisoras de radio y televisión, y el 5 de este mes anunciaba la clausura de otras 29 emisoras. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) entendió que esas emisoras no actualizaron sus datos en tiempo y forma.
También está amenazada de cierre la cadena Globovisión, otra de alcance nacional, tildada por Chávez de pregonar el “terrorismo mediático”. El canal, que en agosto sufrió un ataque de desaforados chavistas en su sede de Caracas, enfrenta expedientes administrativos que podrían acarrearle la revocación del permiso de transmisión.
Por ahora, los medios escritos venezolanos se vienen salvando de este tipo de medidas. Pero los periodistas de todos los rubros tienen serios inconvenientes para trabajar y para acceder a fuentes oficiales. Además, según el diario El Nacional de Caracas, desde 2002 se han abierto 166 expedientes contra cronistas en el marco de la reforma del Código Penal, el cual incluye los llamados delitos de opinión. Por estos días se suma el proyecto de ley presentado en la Asamblea Nacional para castigar “los delitos mediáticos”, con pena de cárcel para los periodistas que incurran en ellos. El proyecto ha caído mal incluso en chavistas convencidos y está estancado en el Parlamento.
Amenazas en Ecuador
En la misma línea, el mandatario ecuatoriano Rafael Correa ha pedido controlar los “excesos” de la prensa –a la que tilda de corrupta y de cumplir un papel político–, y llamó a perderle el “miedo”, sugerencia que hizo extensiva a todos los gobiernos de la región.
Al igual que el comandante Chávez, Correa amenazó con sanciones por los “abusos” de la prensa y con iniciar procesos legales contra los medios que “distorsionan” informaciones. El jefe de Estado ya ordenó la clausura de Teleamazonas y el retiro del aire de un programa que se transmitía por la estatal TC Televisión, considerado por Correa como “una porquería”. El diario Hoy de Quito también se encuentra en la mira del presidente.
De acuerdo al diario El Universo de Guayaquil, en dos años y medio de gobierno de Correa, el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (Conartel) abrió 25 procesos administrativos contra cinco estaciones de televisión y dos de radio.
Para Morales, la prensa es el enemigo
Para Chávez y Correa no solo se trata de censurar y quitar de en medio, sino también de sacar adelante la prensa propia como, por ejemplo, la cadena Telesur. Además, a principios de septiembre, el presidente venezolano, en un acto conjunto con el ecuatoriano, inauguró un nuevo medio oficial en Caracas: el diario El Correo del Orinoco, una reedición del célebre periódico fundado por Simón Bolívar en 1818. Ambos mandatarios coincidieron en que el periódico está concebido para hacer frente al “terrorismo mediático”.
Por su parte, el boliviano Evo Morales, el otro sudamericano de la línea bolivariana, se ha enfrentado a los fortísimos grupos mediáticos que dominan el espectro de la prensa, la televisión y la radiodifusión de la nación del altiplano, y que son abiertamente hostiles a su gestión. Para Morales la prensa es el “enemigo”. “El primer opositor y enemigo que tenemos como gobierno del movimiento indígena campesino es la mayor parte de los medios de comunicación”, dijo hace algún tiempo. El presidente boliviano ha denunciado “difamaciones” de la prensa y ha asegurado que se encuentra a merced de los dictámenes de la oposición.
No obstante, por ahora, con Morales no han arreciado las medidas contra los medios como le ha sugerido su aliado y amigo Chávez. El propio Enrique Santos Calderón, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que reúne 1.300 diarios privados de América Latina, dijo en una reciente visita a La Paz que en Bolivia existe “plena libertad de prensa”, pese a las denuncias de periodistas bolivianos que carecen de acceso a la información pública de al menos seis dependencias estatales.
Los K contra los medios
De todos modos, la visión de Chávez, Correa y Morales, al menos en la práctica, no es compartida por los otros mandatarios de izquierda de América Latina, como los de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, a excepción del nicaragüense Daniel Ortega –el bolivariano centroamericano–, del particular y errante gobierno argentino comandado por la presidenta Cristina Fernández y su esposo y ex jefe de Estado Néstor Kirchner y, claro está, de la dictadura comunista y marxista de Cuba.
La guerra de los Kirchner contra el Grupo Clarín quedó en evidencia con la decisión del gobierno de comprar los derechos de televisión del popular y apasionado fútbol argentino.
El Grupo Clarín y Torneos y Competencias contaban por parte iguales con los derechos de TV hasta 2014, pero la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) les exigió aumentar el aporte a los endeudados clubes. No llegaron a la cifra pedida y la AFA rescindió el contrato. Apareció entonces la propuesta gubernamental: los partidos pasarían a retransmitirse en abierto por el Canal 7, de propiedad pública, que pagará 1.500 millones de dólares por una década. En vez de pay per view, fútbol financiado con dinero público.
La rescisión del contrato significó un duro golpe al conglomerado mediático, y también supuso calmar en algo la insaciable sed de venganza de Kirchner. El ex presidente y su señora Cristina se han llevado siempre muy mal con la prensa, y desde el prolongado conflicto con el campo el año pasado, el enfrentamiento se agudizó, con el diario Clarín en el centro de la polémica.
En ese contexto, en la primera semana de septiembre comenzó a discutirse en Diputados una nueva ley de radiodifusión –presentada por el Ejecutivo– para reemplazar la vigente desde la última dictadura. La idea generó fuerte controversia en la oposición y en casi todos los medios de comunicación.
El proyecto prohíbe que un mismo propietario pueda tener un canal de televisión en abierto y otro por cable en la misma zona, que supere el 35% de la audiencia y que disponga de más de 10 emisoras de radio y televisión en todo el país (hasta ahora el límite era 24). Fundamentalmente, se trata de concebir una mayor presencia y control del Estado sobre los medios. Así en Argentina como en Venezuela, Ecuador y Bolivia.
Chávez retira licencias a 63 emisoras
A la cabeza de esta movida aparece el presidente venezolano Hugo Chávez, quien desde el golpe de Estado de abril de 2002, que lo sacó del poder por 48 horas, reforzó su ofensiva antimediática. Como primera gran sacudida al sector, Chávez no le renovó la concesión al canal de cobertura nacional RCTV en 2007, al que calificó de “golpista”. El pasado agosto dio otra vuelta de tuerca al quitar del aire a 34 emisoras de radio y televisión, y el 5 de este mes anunciaba la clausura de otras 29 emisoras. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) entendió que esas emisoras no actualizaron sus datos en tiempo y forma.
También está amenazada de cierre la cadena Globovisión, otra de alcance nacional, tildada por Chávez de pregonar el “terrorismo mediático”. El canal, que en agosto sufrió un ataque de desaforados chavistas en su sede de Caracas, enfrenta expedientes administrativos que podrían acarrearle la revocación del permiso de transmisión.
Por ahora, los medios escritos venezolanos se vienen salvando de este tipo de medidas. Pero los periodistas de todos los rubros tienen serios inconvenientes para trabajar y para acceder a fuentes oficiales. Además, según el diario El Nacional de Caracas, desde 2002 se han abierto 166 expedientes contra cronistas en el marco de la reforma del Código Penal, el cual incluye los llamados delitos de opinión. Por estos días se suma el proyecto de ley presentado en la Asamblea Nacional para castigar “los delitos mediáticos”, con pena de cárcel para los periodistas que incurran en ellos. El proyecto ha caído mal incluso en chavistas convencidos y está estancado en el Parlamento.
Amenazas en Ecuador
En la misma línea, el mandatario ecuatoriano Rafael Correa ha pedido controlar los “excesos” de la prensa –a la que tilda de corrupta y de cumplir un papel político–, y llamó a perderle el “miedo”, sugerencia que hizo extensiva a todos los gobiernos de la región.
Al igual que el comandante Chávez, Correa amenazó con sanciones por los “abusos” de la prensa y con iniciar procesos legales contra los medios que “distorsionan” informaciones. El jefe de Estado ya ordenó la clausura de Teleamazonas y el retiro del aire de un programa que se transmitía por la estatal TC Televisión, considerado por Correa como “una porquería”. El diario Hoy de Quito también se encuentra en la mira del presidente.
De acuerdo al diario El Universo de Guayaquil, en dos años y medio de gobierno de Correa, el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (Conartel) abrió 25 procesos administrativos contra cinco estaciones de televisión y dos de radio.
Para Morales, la prensa es el enemigo
Para Chávez y Correa no solo se trata de censurar y quitar de en medio, sino también de sacar adelante la prensa propia como, por ejemplo, la cadena Telesur. Además, a principios de septiembre, el presidente venezolano, en un acto conjunto con el ecuatoriano, inauguró un nuevo medio oficial en Caracas: el diario El Correo del Orinoco, una reedición del célebre periódico fundado por Simón Bolívar en 1818. Ambos mandatarios coincidieron en que el periódico está concebido para hacer frente al “terrorismo mediático”.
Por su parte, el boliviano Evo Morales, el otro sudamericano de la línea bolivariana, se ha enfrentado a los fortísimos grupos mediáticos que dominan el espectro de la prensa, la televisión y la radiodifusión de la nación del altiplano, y que son abiertamente hostiles a su gestión. Para Morales la prensa es el “enemigo”. “El primer opositor y enemigo que tenemos como gobierno del movimiento indígena campesino es la mayor parte de los medios de comunicación”, dijo hace algún tiempo. El presidente boliviano ha denunciado “difamaciones” de la prensa y ha asegurado que se encuentra a merced de los dictámenes de la oposición.
No obstante, por ahora, con Morales no han arreciado las medidas contra los medios como le ha sugerido su aliado y amigo Chávez. El propio Enrique Santos Calderón, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que reúne 1.300 diarios privados de América Latina, dijo en una reciente visita a La Paz que en Bolivia existe “plena libertad de prensa”, pese a las denuncias de periodistas bolivianos que carecen de acceso a la información pública de al menos seis dependencias estatales.
Los K contra los medios
De todos modos, la visión de Chávez, Correa y Morales, al menos en la práctica, no es compartida por los otros mandatarios de izquierda de América Latina, como los de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, a excepción del nicaragüense Daniel Ortega –el bolivariano centroamericano–, del particular y errante gobierno argentino comandado por la presidenta Cristina Fernández y su esposo y ex jefe de Estado Néstor Kirchner y, claro está, de la dictadura comunista y marxista de Cuba.
La guerra de los Kirchner contra el Grupo Clarín quedó en evidencia con la decisión del gobierno de comprar los derechos de televisión del popular y apasionado fútbol argentino.
El Grupo Clarín y Torneos y Competencias contaban por parte iguales con los derechos de TV hasta 2014, pero la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) les exigió aumentar el aporte a los endeudados clubes. No llegaron a la cifra pedida y la AFA rescindió el contrato. Apareció entonces la propuesta gubernamental: los partidos pasarían a retransmitirse en abierto por el Canal 7, de propiedad pública, que pagará 1.500 millones de dólares por una década. En vez de pay per view, fútbol financiado con dinero público.
La rescisión del contrato significó un duro golpe al conglomerado mediático, y también supuso calmar en algo la insaciable sed de venganza de Kirchner. El ex presidente y su señora Cristina se han llevado siempre muy mal con la prensa, y desde el prolongado conflicto con el campo el año pasado, el enfrentamiento se agudizó, con el diario Clarín en el centro de la polémica.
En ese contexto, en la primera semana de septiembre comenzó a discutirse en Diputados una nueva ley de radiodifusión –presentada por el Ejecutivo– para reemplazar la vigente desde la última dictadura. La idea generó fuerte controversia en la oposición y en casi todos los medios de comunicación.
El proyecto prohíbe que un mismo propietario pueda tener un canal de televisión en abierto y otro por cable en la misma zona, que supere el 35% de la audiencia y que disponga de más de 10 emisoras de radio y televisión en todo el país (hasta ahora el límite era 24). Fundamentalmente, se trata de concebir una mayor presencia y control del Estado sobre los medios. Así en Argentina como en Venezuela, Ecuador y Bolivia.
(Cope)
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