El empresario José Luis Ulibarri, que está imputado en la trama corrupta que investigan la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción por una operación inmobiliaria en Boadilla del Monte, gestiona, a través de las empresas en las que tiene participación, al menos cuatro emisoras de radio sin licencia en la Comunitat Valenciana, concretamente en Elda, Alcoi, Elche y Requena. Ulibarri, al que el juez Garzón considera como un "modelo de tejemanejes" en su auto en el que se inhibe ante el TSJ de Madrid al hallar aforados de esta comunidad en la trama, controla a través de sus empresas 14 emisoras de televisión digital tras hacerse con el control de 13 adjudicatarias de TDT después de que el Consell las conminara a aceptar la oferta de Mediamed Comunicación de comprarle más del 50% y la del Ayuntamiento de Valencia.
Además, a través Punto Radio, en la que Ulibarri figura como consejero de Radio Publi, SL, empresa que la gestiona, tiene intereses en al menos cuatro emisoras que emiten sin concesión administrativa, según dijo ayer la Cadena Ser. Las emisoras ilegales, como ya ha informado este diario rondan las 400 en la Comunitat Valenciana y suponen una competencia desleal para las legales. Empresas de Ulibarri han logrado unos 70 millones de euros en contratos públicos en la Comunitat Valenciana, el más reciente a través de la empresa Limpiezas, Ajardinamientos y Servicios, Seralia, SA, de la Conselleria de Gobernación que dirige Serafín Castellano por 226.212 euros.
Seralia había logrado también el contrato para limpiar dependencias de la Agencia Valenciana de Turismo, cuya sede fue registrada por orden de Garzón en busca de los contratos de Fitur también dentro de la operación Gürtel.
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