sábado, 27 de junio de 2009

ECUADOR: SE PROPONE UNA NUEVA LEY DE RADIODIFUSION

Quito, Ecuador; 27/06/2009-
La elaboración de una nueva ley de radiodifusión y televisión fue el compromiso que asumieron las autoridades del Conartel y miembros de la Comisión de lo Civil y Penal del Legislativo, luego de la reunión que mantuvieron el pasado jueves.
Así lo manifestó el asambleísta Mauro Andino (PAIS), aunque recalcó que aún no existe un documento, ya que fue un pedido del titular del Conartel, Antonio García Reyes, y de varios asambleístas.
Señaló que en la reunión del jueves los miembros de la Comisión hicieron varias observaciones a la Conartel, a las sanciones que impuso a varios medios de comunicación.
Allí se les conminó a respetar la seguridad jurídica, el debido proceso y que las resoluciones deben estar motivadas conforme a la Constitución, ya que, por sobre todas las cosas, “vivimos en un estado de derecho y de justicia y que la Constitución está por encima de cualquier ley o reglamento”.
En la reunión, los comisionados puntualizaron que la nueva Constitución derogó la Carta de 1998 y toda norma contraria a sus disposiciones, por tanto, las leyes de radiodifusión y de televisión son inaplicables.
Incluso, la titular de la Comisión, María Paula Romo, sostuvo que el Conartel se cree el “papá de todos los ecuatorianos”, ya que según la moral de sus miembros surgen las decisiones para prohibir determinados programas.
El ex titular de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), Andrés Mendoza Paladines, se sumó a las críticas, pues consideró que las decisiones del Conartel carecen de fundamento técnico y que si antes defendía intereses privados ahora defiende intereses estatizantes.
Incluso sostuvo que Teleamazonas está en permanente peligro bajo la situacion actual y que aparentemente es un hecho una nueva sanción.
Mientras tanto, la organización Reporteros sin Fronteras (RSF) advirtió ayer de un supuesto riesgo de cierre del canal, luego de la multa de 40 dólares que se le impuso.
“La legislación ecuatoriana prevé un cierre administrativo de 90 días, en caso de que se produzca una tercera sanción”, señala el comunicado del organismo. En esta ocasión, se prevé un expediente por la emisión de un reportaje sobre los posibles impactos en la pesca en la isla Puná por la exploración de gas natural.

(eltelegrafo)

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