Buenos Aires, Argentina; 05/11/2009.-La Sociedad Interamericana de Prensa pondrá la lupa sobre la nueva ley de radiodifusión aprobada en Argentina. Además, revisará otras normas, decretos o fallos judiciales que buscan controlar a los medios y la suspensión de garantías constitucionales.
La SIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, pondrá la lupa sobre la nueva ley de radiodifusión aprobada en Argentina y sobre una legislación sobre comunicación en trámite en Ecuador. Durante la 65° Asamblea de la entidad que comienza mañana en Buenos Aires, esos serán dos de los temas centrales de las discusiones.
Los debates sobre la ley y el proyecto ecuatoriano serán mañana durante el encuentro del que participarán unos 500 editores de todo el continente.
En su habitual revisión semestral sobre la libertad de prensa, la SIP analizará todo tipo de disposiciones gubernamentales que impliquen medidas de censura sobre la labor periodística e injerencia en los contenidos editoriales. Entre ellas, figura la discriminación en el otorgamiento de la publicidad oficial (como en los casos de Aruba y Venezuela, por ejemplo); restricciones sobre propaganda electoral (como ocurre en Colombia), limitaciones al acceso a la información oficial (como sucede en Bolivia); propuestas de control de contenido (El Salvador, Uruguay) y disposiciones judiciales que imponen censura previa (Brasil).
A la prensa como blanco favorito de gobiernos autoritarios que -al señalarla como instigadora de la desestabilización- justifican sus políticas violatorias se le dedicará un espacio particular durante la Asamblea.
Además, durante las reuniones uno de los paneles estudiará las tendencias de la jurisprudencia latinoamericana sobre la quebrantada libertad de prensa en la región.
La nueva Ley de Servicios Audiovisuales de Argentina será analizada en detalle como objeto de presión sobre la propiedad de los medios. Un panel debatirá el domingo próximo sobre la creación del organismo supra estatal de aplicación y sobre la inconstitucionalidad de la ley.
En Ecuador, una iniciativa legal de Comunicación, prevé un organismo con capacidad de sancionar no solo a los medios radioeléctricos sino también a los periódicos, obligándolos a registrarse anualmente y a tener códigos de ética y a contratar un ombudsman.
"El acceso a la información oficial también será enfocado en los debates, especialmente el estancamiento de proyectos de ley en países como El Salvador y Bolivia, y la mediocre aplicación de la ley en Chile", señala un comunicado de la SIP.
La discusión también se centrará en dos proyectos de ley que se encuentran en el Parlamento canadiense que exigen a las empresas de telecomunicaciones que modernicen su tecnología con mayor capacidad de vigilancia, documentos que las autoridades podrán solicitar por razones de seguridad nacional. Sobre Estados Unidos, la SIP analizará el retraso del Senado para sancionar una ley federal de protección de fuentes periodísticas que hace dos años aprobaron los diputados y que aún descansa en los escritorios de la Cámara Alta.
Entre otras disposiciones que preocupan a los participantes, se analizarán las novedades de la condena a una persona por un mensaje en twitter en Guatemala y la primera condena en Uruguay tras una publicación en Internet. El periodismo digital, tanto en materia de libertad de expresión como de ética, tendrá su espacio de discusión en un panel el próximo domingo.
"La SIP también revisará numerosas formas de control que a través de leyes, decretos o fallos judiciales se están imponiendo a los medios de comunicación en El Salvador, Panamá, Uruguay y Venezuela; además de la suspensión de garantías constitucionales dictadas en Honduras tras el golpe de Estado del 28 de junio", explicaron los organizadores.
Clarín
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