Ciudad Mexico; 18/03/2009-En México, la promulgación de la actual Ley Federal de Radio y Televisión vigente desde 1960, estableció las normas para una industria radiofónica que contaba en ese momento con 40 años de desarrollo y consolidación, y una televisión con un poco más de diez años de exitosa carrera, recordando que el medio emergió en el país oficialmente en 1950.
Motivo de discusión y análisis profundos ha generado esta realidad al seno de la Cámara de Diputados y el Senado de la República en los últimos años.
Y es que como bien señala Javier Esteinou Madrid, Investigador del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana en la capital del país en uno de sus numerosos ensayos, “las bases establecidas por esa ley, promulgada en 1960, cuando había en el país 357 estaciones de radio y 20 canales de televisión atendiendo a una población de 16 millones de habitantes, no puede seguir marcando las normas de un modelo de comunicación en el nuevo milenio”.
En la actualidad, después de más de 40 años y según estadísticas oficiales, “México cuenta con más de 636 canales de televisión y casi 1,500 emisoras de radio atendiendo las necesidades de información, educación, cultura y entretenimiento de una población de más de 100 millones de habitantes”.
En este contexto, varias instancias consideran que en los próximos meses y dentro del gobierno del Presidente Felipe Calderón Hinojosa podría concretarse la tan anhelada reforma de medios que el país requiere y que tienen que ver con los procedimientos de asignación de frecuencias, licitaciones, uso de nuevas tecnologías, obligaciones de cobertura y promoción de la competencia.
En el caso de la industria de la radio, las cifras dicen mucho: “en la actualidad hay más de 120 concesionarios esperando respuesta a sus referendos y las reglas de aplicación al proceso de digitalización son lentas”.
Sin embargo, este 2009 parecen darse los indicios para que en sólo un año, por fin pueda definirse con claridad una verdadera reforma de medios que integre la necesidad de legislar en otros rubros además de los que señalamos arriba: el concepto de interés público, la existencia del órgano regulador, las diversas figuras y regímenes jurídicos para el otorgamiento de concesiones, los tiempos de estado y regular el uso de los medios durante las campañas políticas.
(RadioNotas)
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