Andorra la Vella; 17/03/2009- (EFE).-El Gobierno de Andorra ha aportado hoy 854.988,73 euros para hacer frente a las reclamaciones económicas pendientes desde 1981, entre otros, de los trabajadores de Radio Andorra, cuya sede cedió el Gobierno español al Principado el pasado 5 de febrero.
El abogado contratado por el Gobierno para llevar el caso, Joan Monegal, ha explicado a Efe que hoy se ha efectuado el pago íntegro de las reclamaciones pendientes a los llamados "acreedores privilegiados", es decir, los trabajadores y la Caja Andorrana de la Seguridad Social (CASS).
Según Monegal, el concordato planteado por el Gobierno andorrano ha permitido que 38 ex trabajadores de la empresa hayan cobrado las cantidades íntegras que reclamaban junto a los intereses generados a lo largo de los últimos 28 años desde la quiebra, en 1981, de Radio Andorra, cuya sede era por entonces propiedad de una sociedad estatal española.
Estos trabajadores han recibido sumas de dinero que han oscilado "entre los 1.200 euros y los 28.500 euros aproximadamente", según el letrado del Gobierno.
El montante global que el Ejecutivo ha destinado para solventar el acuerdo también ha servido para sufragar los costes de todo el proceso judicial y el 10% de las cantidades reclamadas por los llamados "acreedores ordinarios", entre los que hay bancos, instituciones de la administración pública y empresas como Andorra Telecom o Fuerzas Eléctricas de Andorra (FEDA).
La firma el pasado mes de febrero de un convenio entre España y Andorra permitió recuperar al Gobierno andorrano la propiedad de este edificio.
El acuerdo también implicaba que Andorra se subrrogaba en la posición española en los litigios originados por la citada quiebra.
El Gobierno andorrano había expresado, en repetidas ocasiones, su interés por obtener la cesión del edificio, que el Principado incluyó en el catálogo de bienes culturales en diciembre de 2003 por su valor artístico.
La firma del convenio entre los dos Estados vecinos ha permitido dar "satisfacción" a un triple objetivo, según ha dicho Joan Monegal, "resolver un problema institucional, recuperar un inmueble de gran significado para Andorra y concluir un conflicto laboral pendiente desde 1981".
El abogado contratado por el Gobierno para llevar el caso, Joan Monegal, ha explicado a Efe que hoy se ha efectuado el pago íntegro de las reclamaciones pendientes a los llamados "acreedores privilegiados", es decir, los trabajadores y la Caja Andorrana de la Seguridad Social (CASS).
Según Monegal, el concordato planteado por el Gobierno andorrano ha permitido que 38 ex trabajadores de la empresa hayan cobrado las cantidades íntegras que reclamaban junto a los intereses generados a lo largo de los últimos 28 años desde la quiebra, en 1981, de Radio Andorra, cuya sede era por entonces propiedad de una sociedad estatal española.
Estos trabajadores han recibido sumas de dinero que han oscilado "entre los 1.200 euros y los 28.500 euros aproximadamente", según el letrado del Gobierno.
El montante global que el Ejecutivo ha destinado para solventar el acuerdo también ha servido para sufragar los costes de todo el proceso judicial y el 10% de las cantidades reclamadas por los llamados "acreedores ordinarios", entre los que hay bancos, instituciones de la administración pública y empresas como Andorra Telecom o Fuerzas Eléctricas de Andorra (FEDA).
La firma el pasado mes de febrero de un convenio entre España y Andorra permitió recuperar al Gobierno andorrano la propiedad de este edificio.
El acuerdo también implicaba que Andorra se subrrogaba en la posición española en los litigios originados por la citada quiebra.
El Gobierno andorrano había expresado, en repetidas ocasiones, su interés por obtener la cesión del edificio, que el Principado incluyó en el catálogo de bienes culturales en diciembre de 2003 por su valor artístico.
La firma del convenio entre los dos Estados vecinos ha permitido dar "satisfacción" a un triple objetivo, según ha dicho Joan Monegal, "resolver un problema institucional, recuperar un inmueble de gran significado para Andorra y concluir un conflicto laboral pendiente desde 1981".
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